Punto de acuerdo presentado en el Senado de la República en torno al caso de Lucía y el bombardeo en Sucumbíos (2008)

SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

Junio 3, 2008

 

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática presentó la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la situación jurídica de la connacional Lucía Andrea Morett Álvarez.

Esta Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe, se abocó al análisis de la Propuesta con Punto de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Segunda Comisión reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

 

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión de fecha 14 de mayo del 2008, el Diputado Humberto Zazueta Aguilar, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la situación jurídica de la connacional Lucía Andrea Morett Álvarez.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó, la Propuesta con Punto de Acuerdo antes señalada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los CC. Legisladores integrantes de esta Segunda Comisión realizaron diversos trabajos, a efecto de revisar el contenido de la citada Propuesta con Punto de Acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios al mismo, e integrar el presente dictamen.

 

II. DESCRIPCIÓN

El día 14 de mayo de 2008, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó que, con base en lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Propuesta con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Humberto Zazueta Aguilar relativa a la situación jurídica de la connacional Lucía Andrea Morett Álvarez, fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Dicha Propuesta con Punto de Acuerdo señala en su parte conducente que, de conformidad con los tratados internacionales sobre relaciones consulares, mismos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, nuestro país tiene el derecho de solicitar en todo momento información relativa a la situación de ciudadanos y ciudadanas mexicanos que se encuentran radicando, permanente o temporalmente, en otro país.

La parsimonia y lentitud con la que ha actuado el Ejecutivo Federal mexicano con relación a los connacionales asesinados por el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles, y de la herida Lucía Andrea Morett Álvarez, contravienen además al más elemental sentido de humanidad, pues los familiares de las víctimas tuvieron que padecer la falta de apoyo inmediato y eficaz por parte de la Cancillería.

Es muy grave que la Secretaria de Relaciones Exteriores haya conculcado los derechos de nuestros compatriotas al señalar que “primero vamos a ver cuáles son sus derechos y en consecuencia actuaremos”. La funcionaria debería saber que los derechos de las personas son inalienables, imprescriptibles e indivisibles y que al tratar de negarlos se incumple con la Constitución y con tratados internacionales de derechos humanos. Cabe destacar que pese a que el gobierno está obligado a actuar en los casos en que se cometan delitos contra mexicanos en el extranjero y defender a los connacionales, no lo ha hecho como debiera.

La manera de actuar del Ejecutivo federal lo convierte en cómplice de la impunidad con la que hasta el momento se ha conducido el gobierno colombiano. A pesar de que el conflicto generado por los bombardeos y la incursión militar en Ecuador entró en una fase de aparente distensión, no ha habido una acción de Estado por parte de México para realizar una investigación que conduzca a castigar a los culpables, ni el resarcimiento de los daños a los familiares de las víctimas.  Tampoco ha habido una condena por las consecuencias que provocó el ilegal ataque al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la invasión de la soberanía de un Estado hermano; ni el apoyo consular y jurídico a las familias de los asesinados y a la mexicana que fue herida en dicho ataque ya, Lucía Andrea Morett Álvarez.

No resulta lógico que la ciudadana mexicana Lucía Morett, después de ser víctima de un artero ataque, tenga que permanecer en otro país, ya que actualmente  radica en la República de Nicaragua debido a la pretensión de procesarla y la falta de respuestas claras del gobierno mexicano ante su situación. Sus padres han señalado que “para retornar a México sólo falta que el Poder Judicial se desista de cualquier acción legal en su contra. Ella es sólo una víctima y no existe ningún motivo ni elemento de derecho que fundamente una acción penal que la afecte, por lo que debe quedar totalmente cerrado este capítulo sin responsabilidad para nuestra hija”.

Por tanto, resulta lamentable que de manera dolosa se hayan abierto procesos en contra de la connacional mexicana por parte de actores que se han distinguido por llevar a cabo acciones que buscan sembrar el odio y la división entre los mexicanos; demandas construidas con base en artificios especulativos y sin ninguna fuente seria o creíble.

Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado diversos puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar apoyo a los familiares de las víctimas, para condenar la incursión militar colombiana y sus lamentables consecuencias, para solicitar que termine el linchamiento contra la UNAM y para que el conflicto se solucionara por la vía diplomática. La mayoría de ellos se han aprobado positivamente y por esa razón consideramos que de nueva cuenta debemos formar un frente común en contra de la intolerancia, la desinformación, la manipulación y la mentira.

A la fecha desconocemos el apoyo que brinda el Ejecutivo a Lucía Morett Álvarez, no sabemos si la Cancillería ha entablado contacto con su par nicaragüense o si las autoridades siguen algún tipo de investigación sobre las actividades de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Como ciudadana mexicana, Lucía Morett se encuentra protegida por la ley que la exime de cualquier responsabilidad hasta que se demuestre lo contrario, por lo que solicitamos a las autoridades de procuración e impartición de justicia que informen sobre la situación de nuestra connacional y evite que se actúe dolosamente en contra de ella y de otros ciudadanos mexicanos que son acusados sin ningún fundamento por los hechos que hemos descrito y, en su caso se brinde la protección consular y asesoría legal a la que se tiene derecho.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública resulta competente para dictaminar la Propuesta con Punto de Acuerdo, presentada por Diputado Humberto Zazueta Aguilar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincide con los planteamientos expresados en la citada Propuesta con Punto de Acuerdo toda vez que, la justicia, la verdad y las salidas diplomáticas deben prevalecer en cualquier discrepancia que se pueda generar entre nuestro país y el resto del mundo.

Ahora bien, es de conocimiento de todos, que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos del 1 de marzo en territorio ecuatoriano, el Gobierno de México deploró los acontecimientos y condenó la intervención militar de Colombia en territorio extranjero; asimismo expresó que la gravedad de los mismos exigía una investigación puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos, consecuentemente debe procurarse la acción legal en contra de los culpables de los crímenes cometidos.

Si bien es cierto que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido contacto con las autoridades del Ecuador y de Colombia, ha prestado apoyo consular a Lucía Morett y a los familiares de los connacionales fallecidos se les brindó apoyo económico, asistencia para la identificación de los cuerpos y su  traslado a México, todo ello es insuficiente ante la gravedad de lo ocurrido.

TERCERA.- Esta Segunda Comisión considera atinado señalar que en lo correspondiente a la situación Jurídica de Lucía Morett, nuestra Embajada en Nicaragua solicitó mediante nota diplomática el 16 de abril de 2008, conocer bajo qué estatus migratorio había sido recibida Lucía Morett. En respuesta, el 18 de abril el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que se recibió a Lucía Morett “por razones humanitarias y de solidaridad”, y que sólo se encontraba en tránsito mientras recuperaba plenamente su salud para continuar el viaje de regreso a México, posteriormente el presidente de esa nación señaló que el estatus de Lucía Morett es de Refugio humanitario.

El 13 de mayo, el juez III de lo penal de la provincia de Sucumbíos en Ecuador, emitió una orden de prisión preventiva en contra de la mexicana Lucía Morett y las dos ciudadanas colombianas sobrevivientes del ataque del 1º de marzo por presunta responsabilidad del delito de “atentado contra la seguridad del Estado”. En respuesta, la Asociación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos, que representa legalmente a Lucía Morett en el Ecuador impugnó esta medida ante la justicia de ese país y señaló que no existen elementos que la justifiquen.

Ante lo vertido en el párrafo anterior, esta Dictaminadora coincide en la necesidad de que la Cancillería permanezca atenta al desarrollo del proceso para continuar cumpliendo cabalmente con su responsabilidad de brindar el apoyo y la protección que sean requeridos por Lucía Andrea Morett Álvarez y sus familiares, a efecto de garantizar que cualquier proceso que enfrente en el exterior se apegue a derecho.

CUARTA.- En cuanto a su situación jurídica en México, la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto una averiguación previa, que se ha efectuado sin atribuir anticipadamente ninguna responsabilidad a persona alguna por presuntos hechos y que se lleva a cabo con fundamento en el artículo 4 del Código Penal Federal.

Asimismo, miembros de las organizaciones civiles Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C. y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra 12 ciudadanos mexicanos, posteriormente ampliada a 16, acusándolos de recibir entrenamiento de las FARC, por los delitos de terrorismo internacional, terrorismo y apología del delito. Como pruebas, presentaron versiones periodísticas y un video grabado de manera ilegal en el que Lucía Morett, la mexicana que sobrevivió al ataque del ejército colombiano en Ecuador, supuestamente reconoce haber tenido contacto con el líder del las FARC.

 QUINTA.- Por todo lo anterior, esta Segunda Comisión considera importante      mencionar la necesidad de que el Gobierno Mexicano mantenga en todo momento, un inequívoco compromiso con el respeto a la vida humana, los derechos humanos y la dignidad de las personas; la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, el respeto del derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones.

Asimismo, considera imperativo que la Secretaría de Relaciones Exteriores garantice que los derechos de las víctimas sean respetados en todo momento, que las acciones jurídicas y/o diplomáticas que puedan derivarse de los hechos del 1 de marzo en Ecuador y las investigaciones que las autoridades nacionales y extranjeras llevan a cabo en estos momentos se apeguen al derecho internacional.

Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, la Segunda Comisión Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República del Ejecutivo Federal informen a esta Soberanía sobre la situación jurídica de la ciudadana mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, herida en el ataque militar del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, quien actualmente radica en la República de Nicaragua y se respeten plenamente sus derechos.

Segundo.- Solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores brindar todo el apoyo, la asistencia y asesoría jurídica a los familiares de los cuatro estudiantes asesinados en Ecuador por el ejército colombiano, y a la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez, con el fin de que, en el marco de la defensa de los connacionales, se demande ante organismos internacionales justicia por los arteros crímenes de Estado.

Tercero.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia porque en los distintos ámbitos en que se aborden los sucesos  del 1 de marzo en Ecuador se actúe mediante un manejo responsable y serio, sin anteponer ideologías y sin ningún ánimo persecutorio  Reiteramos el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión de las ideas y de la investigación, así como la sustantiva labor de las universidades en el ejercicio de los mismos.

Cuarto..  Conminar a la Procuraduría General de la República a actuar con la más alta responsabilidad en las denuncias que se han derivado de los sucesos del 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador, basarse en pruebas consistentes y en  hechos comprobables, así como rechazar el manejo de especulaciones o supuestos en el ejercicio de la acción penal.  Trabajar en ese sentido garantiza el cumplimiento cabal de sus funciones como  importante institución de la República.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los tres días del mes de junio del año dos mil ocho.

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